El reto del cambio climático
Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de Cambio Climático y todo apunta a que este 2017 pasará a la historia como el año en que todos fuimos conscientes de sus implicaciones y sus consecuencias.
La necesidad de hacer frente a incendios más allá de la campaña de verano, los continuados escenarios de contaminación en grandes ciudades o esta indeseable sequía que nos ahoga son algunos de los síntomas que unos y otros estamos sufriendo de forma directa. Todos tenemos claro hoy que debemos actuar, pero resulta imprescindible que empecemos cuanto antes a pensar en cómo hacerlo.
El cambio climático y los impactos que desencadena son el reto de carácter global más importante que las sociedades humanas han afrontado jamás. Encarar este reto exige una transformación profunda de los actuales modelos energéticos y productivos y un compromiso mundial al más alto nivel. Ese es básicamente el motivo que ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a intentar canalizar en la futura ley de cambio climático y transición energética los compromisos que en su momento asumió tras la firma en 2015 del Acuerdo de París y su entrada en vigor allá por el 2016.
Acuerdo de París
El Acuerdo de París nace del objetivo primordial de evitar sobrepasar, bajo ningún concepto, el aumento de los 2ºC de temperatura global del planeta respecto a la época preindustrial. Además, el Acuerdo recomienda un esfuerzo adicional para no superar los 1,5ºC. Lo que se desprende del informe es que la capacidad para no superar los 2ºC depende de dos factores: el momento en que se apliquen medidas reales y efectivas de mitigación profunda y sostenida en el tiempo y la necesidad de un desarrollo rápido de nuevas tecnologías para enterrar carbono de la atmósfera.
El marco que crea este acuerdo, con pocas medidas concretas, da libertad a los estados firmantes para aplicar las medidas de mitigación y adaptación que consideren adecuadas, siempre que vayan encaminadas a alcanzar los objetivos generales marcados. Y en ese escenario el Gobierno de España, a instancias de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, trabaja desde hace meses en la determinación de un marco de actuación que le permita alcanzar, entre otros, los cinco objetivos clave asociados al cumplimiento del Acuerdo de París. A saber:
• Articular los instrumentos que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
• Favorecer la transición a una sociedad descarbonizada y a un modelo neutro en emisiones;
• Promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de las administraciones públicas;
• Priorizar la eficiencia energética apostando por el uso de nuevas tecnologías que contribuyan a la mitigación y la descarbonización.
• Recuperar el liderazgo mundial en el ámbito de las energías renovables que un día fue seña de identidad a nivel nacional y que desgraciadamente se perdió.
En el camino, tenemos a distintas Comunidades Autónomas trabajando en su propia estructura y aportando herramientas para desarrollar planes contra los efectos del calentamiento global y la fijación de nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero. Es el caso del Plan A de Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático, la futura Ley andaluza de medidas frente al Cambio Climático, ya en fase de Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, o la catalana Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
