El PPWR (Reglamento (UE) 2025/40) es la nueva normativa europea de envases y residuos de envases. Introduce nuevos requisitos de sostenibilidad, reciclabilidad, reutilización, marcado, minimización y conformidad, con un calendario de aplicación progresivo. Sustituye progresivamente a la Directiva 94/62/CE y requiere que nuestro Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envase se actualice para estar en línea.
Según el Real Decreto 1055/2022 y la Ley 7/2022, la RAP distingue tres tipos de envases en función de quién genera el residuo y dónde: los domésticos llegan al consumidor final y se recogen en contenedores municipales (como el iglú verde); los comerciales se generan en actividades económicas —bares, tiendas, hoteles— sin pasar por el hogar; y los industriales proceden de procesos de fabricación o producción y siguen un circuito de gestión totalmente separado. Cada categoría tiene un responsable de recogida distinto y obligaciones de financiación diferentes para el productor.
El RD 1055/2022 contempla una serie de obligaciones para los envasadores como: inscribirse en el registro RPP, adherirse a un sistema colectivo o individual de responsabilidad, presentar una declaración anual de envases o o aplicar requisitos de ecodiseño y marcado
Las empresas que introducen por primera vez en el mercado español productos envasados para uso o consumo por particulares deben cumplir las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor. Para ello pueden constituir un sistema individual (SIRAP) o participar en un sistema colectivo (SCRAP), que es la fórmula utilizada habitualmente por las empresas. La obligación deriva del Real Decreto 1055/2022.
Desde el 1 de enero de 2025, las empresas que tienen la condición de productor de producto y ponen en el mercado español productos envasados con envases industriales deben cumplir con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), bien mediante su adhesión a un SCRAP o mediante la constitución de un sistema individual (SIRAP). El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a las sanciones previstas en la Ley 7/2022, cuya cuantía depende de la gravedad de la infracción.